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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de desahucio pre…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de desahucio presentada por una ex receptora judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien renunció a su cargo y pidió el pago de este beneficio. El dictamen recuerda que, conforme al artículo 389, letra a), del DFL N° 338 de 1960, a los receptores judiciales se les aplican los párrafos 18, 19 y 20 de ese estatuto, por lo que el desahucio se calcula según los años de servicios útiles y las imposiciones efectuadas al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, con un tope de veinticuatro mensualidades. Para acceder al beneficio, la peticionaria debía acompañar los comprobantes de ingresos que acreditaran el íntegro de esas cotizaciones, mes a mes, durante todo el período servido. Si existieran cotizaciones impagas, éstas debían hacerse efectivas al conceder el desahucio, con los intereses del decreto ley N° 1.254 de 1975. Como la solicitud no cumplía con esa exigencia documental, la Contraloría la desestimó por ahora.

Normas citadas

  • dfl 338/60 art/389 lt/a
  • ley 5931
  • ley 6245
  • dfl 338/60 tit/II par/18
  • dfl 338/60 tit/II par/19
  • dfl 338/60 tit/II par/20
  • dl 1254/75
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué requisitos debe cumplir un receptor judicial para cobrar el desahucio al renunciar?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que a los receptores judiciales se aplican los párrafos 18, 19 y 20 del DFL N° 338 de 1960, por lo que el desahucio se calcula según los años de servicios útiles y las imposiciones al Fondo de Seguro Social, con tope de veinticuatro mensualidades. Además, debe acreditarse con comprobantes el pago íntegro de esas cotizaciones durante todo el período servido.

¿Qué ocurre si existen cotizaciones impagas al solicitar el desahucio de un funcionario judicial?

En este caso, la Contraloría indicó que las cotizaciones impagas debían hacerse efectivas al conceder el desahucio, con los intereses del decreto ley N° 1.254 de 1975. Como la solicitud no acompañó la documentación que acreditara el pago íntegro de las cotizaciones, el organismo la desestimó por ahora.

¿Puede la Contraloría rechazar una solicitud de desahucio por falta de comprobantes de cotizaciones?

Sí, en este caso la Contraloría General de la República desestimó por ahora la solicitud de desahucio de una ex receptora judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. El motivo fue que no se acompañaron los comprobantes que acreditaran el íntegro de las cotizaciones mes a mes durante todo el período servido.

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