Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de desahucio presentada por una ex receptora judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien renunció a su cargo y pidió el pago de este beneficio. El dictamen recuerda que, conforme al artículo 389, letra a), del DFL N° 338 de 1960, a los receptores judiciales se les aplican los párrafos 18, 19 y 20 de ese estatuto, por lo que el desahucio se calcula según los años de servicios útiles y las imposiciones efectuadas al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, con un tope de veinticuatro mensualidades. Para acceder al beneficio, la peticionaria debía acompañar los comprobantes de ingresos que acreditaran el íntegro de esas cotizaciones, mes a mes, durante todo el período servido. Si existieran cotizaciones impagas, éstas debían hacerse efectivas al conceder el desahucio, con los intereses del decreto ley N° 1.254 de 1975. Como la solicitud no cumplía con esa exigencia documental, la Contraloría la desestimó por ahora.