Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de desahucio presentada por una ex funcionaria administrativa, quien reclamaba el beneficio establecido en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, por el tiempo que se desempeñó en el Servicio de Seguro Social entre 1972 y 1978. El organismo constató que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas ya había otorgado ese desahucio por dicho empleo, mediante un decreto de 1978, por un monto equivalente a seis mensualidades, conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, se declaró improcedente volver a otorgarlo y se desestimó la petición de la recurrente.