El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado en contra de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega de información sobre vehículos vendidos o rematados tras siniestros con pérdida total por aseguradoras, correspondiente a septiembre de 2023. Se estimó que la solicitud se ampara en la Ley de Transparencia, pues la información puede desprenderse de registros que el organismo mantiene en su poder y su elaboración no implica un costo excesivo. Previamente, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto. Se rechazó el amparo respecto de los ítems relativos al RUT y nombre del comprador, por tratarse de datos personales protegidos por la Ley N°19.628, cuya publicidad afectaría la privacidad. Se ordenó acreditar la entrega efectiva de la información.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 45
Artículo 2° de la Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público debe entregar información sobre vehículos rematados tras siniestros si la solicitud se basa en la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó a la Policía de Investigaciones entregar la información, pues puede desprenderse de registros que el organismo mantiene y su elaboración no implica un costo excesivo. Antes deberá tarjar los datos personales de contexto.
¿Se puede acceder a los datos personales de los compradores de vehículos en un registro público bajo la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo respecto del RUT y nombre del comprador, por tratarse de datos personales protegidos por la Ley N° 19.628, cuya publicidad afectaría la privacidad.
¿Qué debe acreditar un organismo cuando el Consejo para la Transparencia ordena la entrega de información?
En este caso, el Consejo ordenó a la Policía de Investigaciones acreditar la entrega efectiva de la información, una vez que realice el tarjado correspondiente.
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