El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Pol…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega de información sobre vehículos vendidos o rematados tras siniestros con pérdida total por aseguradoras, correspondiente a abril de 2024. El Consejo consideró que no es admisible que el secreto establecido en cláusulas contractuales de confidencialidad prime sobre una solicitud de acceso a información pública, ya que ello infringe el principio de jerarquía normativa y la Constitución, que exige que la reserva sea establecida por ley de quórum calificado. También se descartó la causal de afectación a las funciones del órgano por falta de fundamentación. Antes de la entrega, deberán tarjarse datos como número de motor, chasis, RUT y nombres de personas naturales y jurídicas, aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede una cláusula de confidencialidad en un contrato impedir el acceso a información pública en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que no, porque una cláusula contractual de secreto no puede prevalecer sobre una solicitud de acceso a información pública, ya que la reserva solo puede establecerse por ley de quórum calificado.
¿Puede la Policía de Investigaciones negarse a entregar información sobre vehículos rematados alegando afectación a sus funciones sin fundamentarla?
En este caso, el Consejo descartó la causal de afectación a las funciones del órgano porque la PDI no la fundamentó adecuadamente, y acogió parcialmente el amparo ordenando la entrega de la información.
¿Qué datos deben tarjarse al entregar información pública que contiene datos personales y de identificación de vehículos?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar antes de la entrega datos como número de motor, chasis, RUT y nombres de personas naturales y jurídicas, aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia.
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