Resumen
La Corte Suprema acogió la reclamación de una empresa del rubro energético contra la Dirección General de Aguas (DGA), anulando las resoluciones que autorizaron el traslado del punto de captación de aguas del canal El Clarillo al canal San Carlos, solicitado por una empresa sanitaria. El conflicto surgió porque la empresa recurrente, titular de derechos de aprovechamiento no consuntivos, consideró que el traslado afectaba sus derechos. La DGA, basada en informes técnicos, había concluido que no existía perjuicio. La Corte de Apelaciones rechazó inicialmente la reclamación, pero el máximo tribunal, al conocer un recurso de casación, determinó que correspondía anular los actos administrativos impugnados y acoger la reclamación de fondo. El fallo se sustentó en la interpretación armónica del sistema recursivo del Código de Aguas, favoreciendo la eficacia de la acción del administrado. La decisión se adoptó con el voto en contra de un ministro, quien estimó que no debía actuarse de oficio y que debía mantenerse la decisión de la DGA.