Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente, VOLCY, dedujo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la resolución que rechazó su solicitud de residencia definitiva. El fundamento del rechazo fue no haber acompañado el certificado de antecedentes penales original y apostillado, incumpliendo los requisitos legales. La recurrida otorgó plazos para subsanar el defecto, pero el recurrente no cumplió. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, concluyendo que la recurrida no incurrió en acto ilegal ni arbitrario. Se estableció que la exigencia del certificado es legal y que el procedimiento administrativo contempla etapas para corregir errores. Por tanto, el recurso de protección no puede utilizarse para subsanar una solicitud incompleta. La decisión se fundó en las normas de la Ley N°21.325 y su reglamento.