El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, que exige una consignación previa para promover nuevos incidentes tras haber perdido dos o más. La mayoría sostuvo que la norma no vulnera el derecho a la defensa jurídica (artículo 19 N° 3 de la Constitución), pues no lo impide ni restringe, sino que regula su ejercicio de manera razonable y proporcional para evitar la dilación indebida de los juicios y garantizar la buena fe procesal. Se consideró que la medida es idónea para fines constitucionales lícitos, no afecta el fondo del asunto y se aplica indistintamente a ambas partes. Sin embargo, en la parte resolutiva, el Tribunal se pronunció sobre la racionalidad de suprimir penas sustitutivas en delitos de control de armas, concluyendo que no es discriminatorio ni vulnera el debido proceso, pues el legislador puede establecer tratos diferenciados fundados en el mandato constitucional de control de armas.
Normas citadas
artículo 88, inciso primero, de Código de Procedimiento Civil
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyReinserción social
Preguntas frecuentes
¿La exigencia de consignación previa para nuevos incidentes en el procedimiento civil afecta el fondo del asunto litigioso?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la consignación no afecta el fondo del asunto, pues se aplica indistintamente a ambas partes y se estimó una medida idónea para fines constitucionales lícitos.
¿Es discriminatorio suprimir penas sustitutivas en delitos de control de armas según el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no es discriminatorio ni vulnera el debido proceso, porque el legislador puede establecer tratos diferenciados fundados en el mandato constitucional de control de armas.
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