La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó una acción constitucional interpuest…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó una acción constitucional interpuesta contra el Ministerio del Interior por la dilación en la tramitación de una solicitud migratoria. La mayoría consideró que no existe evidencia de discriminación ni vulneración al plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, señaló que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar procedimientos administrativos en curso y que, mientras la solicitud está en trámite, la recurrente mantiene una situación migratoria regular, por lo que no se configura una privación o amenaza a derechos constitucionales protegidos por el artículo 20 de la Constitución. El ministro G.R. votó en contra, argumentando que no se cumplen los requisitos para conceder la protección.
Normas citadas
Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 20 Constitución Política de la República de Chile
¿Procede la acción de protección para acelerar un trámite migratorio que está demorado en el Ministerio del Interior?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar procedimientos administrativos en curso. Tampoco hubo privación ni amenaza a derechos protegidos por el artículo 20, porque mientras la solicitud estaba en trámite la persona mantenía una situación migratoria regular.
¿Se vulnera el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana por la demora en resolver una solicitud migratoria?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no existía evidencia de vulneración al plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello confirmó el rechazo de la acción interpuesta por la dilación.
¿Cuándo la demora de la administración en un trámite migratorio puede dar lugar a una acción de protección en Chile?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la acción y no acogió la demora como fundamento de protección. Un ministro votó en contra, sosteniendo que no se cumplían los requisitos para conceder la protección.
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