Sentencia de un tribunal de alzada que acoge el recurso de nulidad interpuesto por el M…
Sentencia · Tribunal no identificado · 2004
Resumen
Sentencia de un tribunal de alzada que acoge el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público contra una sentencia absolutoria del Juzgado de Garantía de Valdivia. El fallo anula la sentencia recurrida, que había considerado el quebrantamiento de condena como una infracción administrativa, y ordena la realización de un nuevo juicio. El tribunal establece que el quebrantamiento de condena constituye un ilícito penal sui generis, carente de autonomía, cuyas consecuencias jurídicas están previstas en la ley penal sustantiva y son de orden público, por lo que no le es lícito al juez eximirse de su obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado mientras subsista la acción para perseguir el cumplimiento de la pena quebrantada.
Normas citadas
Código Penal
Código Procesal Penal
Artículo 90 del Código Penal
Artículo 395 del Código Procesal Penal
D.S. N° 518
Artículo 378 del Código Procesal Penal
Artículo 129 del Código Procesal Penal
Boletín del Ministerio PúblicoSENTENCIAS COMENTADAS
Preguntas frecuentes
¿El quebrantamiento de condena en Chile es una infracción administrativa o un ilícito penal?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que el quebrantamiento de condena es un ilícito penal sui generis, sin autonomía, cuyas consecuencias están en la ley penal sustantiva. Por eso anuló la sentencia que lo había tratado como infracción administrativa.
¿Puede un juez absolver por quebrantamiento de condena si considera que no es un delito?
No. El tribunal de alzada resolvió que el juez no puede eximirse de su obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado mientras subsista la acción para perseguir el cumplimiento de la pena quebrantada. Por ello acogió el recurso de nulidad del Ministerio Público y ordenó un nuevo juicio.
¿Qué ocurre si una sentencia absolutoria por quebrantamiento de condena se anula por recurso de nulidad?
En este caso, el tribunal anuló la sentencia absolutoria del Juzgado de Garantía y ordenó la realización de un nuevo juicio. Lo fundó en que las consecuencias del quebrantamiento son de orden público y están previstas en la ley penal.
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