El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en el marco de una gestión pendiente ante la Corte Suprema, relativa a la procedencia de indemnización por daño moral en una acción de tutela laboral. La parte requirente cuestionaba la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, argumentando que otorgaría al legislador un mayor espacio de discrecionalidad en materia penal. El Tribunal desestimó dicha alegación, señalando que el precepto impugnado no resulta contrario a la Constitución, pues el artículo 103 de la Carta Fundamental establece un régimen de autorización previa para la posesión de armas, regulado por ley de quórum calificado, sin que ello implique una atenuación de las garantías del artículo 19. En consecuencia, se rechazó la impugnación en cuanto al fondo, confirmando la constitucionalidad de la norma aplicada.
Normas citadas
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17 B, de Ley N° 17.798
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 66, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 67, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 68, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyReinserción socialpenas sustitutivasley de control de armas
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional el régimen de autorización previa para la posesión de armas que establece la Ley de control de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 no es contrario a la Constitución, porque el artículo 103 de la Carta establece un régimen de autorización previa para la posesión de armas regulado por ley de quórum calificado. Por eso rechazó la impugnación en cuanto al fondo.
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