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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 17 B inciso segundo de la Ley Nº 17.798, en el marco de una gestión judicial pendiente. La parte recurrente alegaba que la aplicación de dicha norma vulneraba la Carta Fundamental, cuestionando las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.015 a la Ley Nº 18.933. El Tribunal analizó el artículo 103 de la Constitución, que regula el régimen de autorización previa para la posesión de armas, concluyendo que no se desprende una interpretación que atende las garantías del artículo 19, especialmente en materia penal. Por ello, acogió parcialmente el requerimiento, declarando que la aplicación del precepto impugnado no resulta contraria a la Constitución en la gestión pendiente.

Normas citadas

  • artículo 2, de Ley N“17.798
  • artículo 1, numeral 10, letra b), de Ley N“17.798
  • artículo 33, letra a bis, de Ley N° 18.902
  • artículo 19, inciso primero, numeral 2
  • artículo 19, inciso sexto, numeral 3
  • inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.798
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional aplicar el artículo 17 B inciso segundo de la Ley de Control de Armas en un proceso penal pendiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la aplicación del precepto impugnado no resulta contraria a la Constitución en la gestión pendiente.

¿Cómo analiza el Tribunal Constitucional el régimen de autorización previa para la posesión de armas?

En este caso, el Tribunal analizó el artículo 103 de la Constitución, que regula dicho régimen, y concluyó que no se desprende una interpretación que atienda las garantías del artículo 19, especialmente en materia penal.

¿Qué efecto tuvieron las modificaciones de la Ley N° 20.015 a la Ley N° 18.933 en este requerimiento?

En este caso, la parte recurrente cuestionó esas modificaciones por considerar que vulneraban la Carta Fundamental, pero el Tribunal sostuvo que la aplicación del precepto impugnado no es contraria a la Constitución en la gestión pendiente.

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