Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, resolviendo que el principio de legalidad y el de culpabilidad guían la acción del juez penal, enmarcando la imposición de penas dentro de los límites constitucionales. Se reafirma que la pena debe ser proporcional a la gravedad del hecho y que el legislador no puede establecer penas arbitrarias, debiendo respetar la igualdad ante la ley y la racionalidad. Se destaca que la irretroactividad de la ley penal desfavorable y la retroactividad de la más favorable son de rango constitucional, conforme al artículo 19, numeral 3°, inciso octavo, de la Constitución, y su aplicación es imperativa para los jueces. El análisis de favorabilidad debe realizarse en cada caso concreto. Se concluye que las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 son penas propiamente tales, y su exclusión total para ciertos delitos vulnera la racionalidad y justicia constitucional. No obstante, la parte resolutiva del fallo se refiere a normas sobre nulidad y prescripción de concesiones mineras, materia ajena a lo discutido, por lo que se describe lo efectivamente resuelto: se rechaza la acción, aplicando las disposiciones citadas sobre extinción de acciones y saneamiento de concesiones.