El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, declarando inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por vulnerar la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al limitar desproporcionadamente las penas sustitutivas. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que el legislador puede fijar marcos penales dentro de límites constitucionales. El fallo razona que las penas sustitutivas no implican impunidad y que su exclusión debe examinarse con deferencia razonada al legislador, considerando la reinserción social y la proporcionalidad de la sanción.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17, inciso B, de Ley N° 17.365
artículo 65, de Código Penal
artículo 66, de Código Penal
artículo 67, de Código Penal
artículo 68, de Código Penal
artículo 69, de Código Penal
artículo 3, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armasIgualdad ante la LeyReinserción socialDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a ciertos delitos de manera absoluta?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por vulnerar la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, porque limitaba desproporcionadamente las penas sustitutivas.
¿Las penas sustitutivas implican impunidad para quien comete un delito?
El fallo sostiene que las penas sustitutivas no implican impunidad, por lo que su exclusión debe examinarse con deferencia razonada al legislador, considerando la reinserción social y la proporcionalidad de la sanción.
¿El legislador puede fijar marcos penales para los delitos sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que el legislador puede fijar marcos penales dentro de límites constitucionales.
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