El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Acogió la impugnación respecto del artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que la exclusión total de ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas vulnera el principio de proporcionalidad de las penas y el principio de igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias sin justificación razonable, afectando la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al considerar que no vulnera la proporcionalidad ni las facultades del juez para individualizar la pena, pues el legislador tiene primacía en la política criminal y la norma persigue un fin legítimo de control de armas. La parte final del fallo contiene una disidencia que estimaba que el requerimiento debió acogerse íntegramente, por afectación al derecho de propiedad y al artículo 19 N° 26 de la Constitución.
Normas citadas
artículo 162, inciso 5, frase "oración final", de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINAAcciones ConstitucionalesCreación ArtísticaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La VidaDerecho Ambiental
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede excluir totalmente ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas sin vulnerar la proporcionalidad y la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y estimó que la exclusión total de ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas, al establecer diferencias arbitrarias sin justificación razonable, vulnera el principio de proporcionalidad y el de igualdad ante la ley, afectando la reinserción social.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad de normas penales que afecten el derecho de propiedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y la parte final del fallo contiene una disidencia que estimaba que debió acogerse íntegramente por afectación al derecho de propiedad y al artículo 19 N° 26 de la Constitución, opinión que no prevaleció en la decisión.
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