El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad pres…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad presentado por concejales contra el artículo 75, inciso segundo, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que les prohíbe actuar como abogados o mandatarios en juicios contra la respectiva municipalidad. La mayoría sostuvo que dicha prohibición no es aplicable a la acción de protección, pues esta no constituye un juicio en sentido clásico, sino una acción constitucional autónoma y cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho. Se interpretó la norma de manera estricta, limitándola a la actuación como abogados patrocinantes o mandatarios judiciales, y no a la defensa de derechos propios. Se destacó la legitimación activa amplia del artículo 20 de la Constitución y el carácter de derecho estricto de las prohibiciones en derecho público. En la parte resolutiva, se enfatizó que las penas alternativas son la regla general y el presidio efectivo la última ratio, debiendo examinarse la razonabilidad de las excepciones con deferencia al legislador.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Seguridad IndividualDerecho A Obtener Una Resolucion FundadaDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Un concejal municipal puede presentar una acción de protección contra la municipalidad a la que pertenece, pese a la prohibición de litigar contra ella?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la prohibición del artículo 75 de la Ley Orgánica de Municipalidades no se aplica a la acción de protección, porque no es un juicio en sentido clásico sino una acción constitucional autónoma y cautelar. La norma se interpretó de forma estricta, limitándola a la actuación como abogado patrocinante o mandatario judicial.
¿Cómo se interpretan las prohibiciones legales que restringen derechos en el derecho público chileno?
En este caso, el Tribunal Constitucional destacó que las prohibiciones en derecho público son de derecho estricto, por lo que no pueden extenderse más allá de lo que expresamente dispone la ley. Por ello, la prohibición de litigar contra la municipalidad se limitó a la actuación como abogado o mandatario, y no a la defensa de derechos propios.
¿Qué legitimación activa tiene una persona para interponer una acción de protección según la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el artículo 20 de la Constitución otorga una legitimación activa amplia para interponer la acción de protección. Este criterio fue el que permitió concluir que la prohibición legal de litigar no impedía a los concejales recurrir de protección.
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