Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de revisión de un desahucio otorgado a herederas testamentarias de un funcionario público. Las interesadas sostenían que en el cálculo debían incluirse la asignación de fiscalización y el incremento del artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980. El organismo concluyó que la asignación de fiscalización no es imponible para efectos del desahucio, por lo que no procede considerarla, conforme al artículo 9° de la ley N° 18.675. Respecto del incremento, aclaró que, aunque está afecto a cotizaciones, su finalidad es mantener el monto líquido de las remuneraciones frente al aumento de los aportes previsionales, por lo que no puede utilizarse con fines distintos a los previstos por la ley. En consecuencia, desestimó la petición y ratificó la liquidación cuestionada.