Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un docente municipal que alegaba vulneración de derechos fundamentales a raíz del término de su contratación y su traslado a otro establecimiento educacional. El organismo rechazó la alegación, pues al expirar el plazo de la contratación anterior el municipio estaba facultado para contratarlo nuevamente en un establecimiento distinto, tratándose de una nueva relación laboral, y la normativa no exige aviso previo para ese término, por lo que no procede indemnización por falta de aviso. Respecto de los montos que el docente habría entregado al director de su establecimiento por un taller de orquesta, ordenó instruir un procedimiento disciplinario y remitir copia del decreto a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía dentro de 15 días hábiles, además de denunciar ante el organismo competente si los hechos revisten carácter de crimen o simple delito. Finalmente, declaró que no puede pronunciarse sobre la indemnización por daño moral solicitada, por tratarse de un asunto de carácter litigioso.