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La Contraloría General de la República analizó una solicitud de revisión de la pensión…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República analizó una solicitud de revisión de la pensión de jubilación y del desahucio de un ex funcionario, quien alegaba que debían computarse 33 años de servicios y no los 30 y 24 años considerados. El organismo constató que la jubilación fue concedida por el máximo de tiempo permitido por el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930, para imponentes de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, esto es, 30 años. Respecto del desahucio, precisó que, aunque el interesado superó los 30 años en la Administración Pública, este beneficio se otorga como máximo por veinticuatro mensualidades, según el artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. En consecuencia, el dictamen desestimó la petición.

Normas citadas

  • dfl 1340/30 bis art/25
  • dfl 338/60 art/103
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el tope de años de servicio que se computa para la pensión de jubilación de imponentes de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas?

En este caso, la Contraloría General de la República constató que la jubilación se concedió por el máximo de tiempo permitido por el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930, que equivale a 30 años de servicio, por lo que no procedía computar 33 años.

¿Un funcionario público que supera los 30 años de servicio puede obtener un desahucio por más de 24 mensualidades?

En este caso, la Contraloría precisó que, aunque el interesado superó los 30 años en la Administración Pública, el desahucio se otorga como máximo por veinticuatro mensualidades, según el artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960.

¿Procede revisar una pensión de jubilación y un desahucio ya otorgados para aumentar los años de servicio computados?

En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la petición de revisar la jubilación y el desahucio de un ex funcionario que pretendía computar 33 años de servicio, al verificar que los beneficios ya se habían otorgados conforme a los topes legales.

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