Resumen
La Contraloría General de la República analizó una solicitud de revisión de la pensión de jubilación y del desahucio de un ex funcionario, quien alegaba que debían computarse 33 años de servicios y no los 30 y 24 años considerados. El organismo constató que la jubilación fue concedida por el máximo de tiempo permitido por el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930, para imponentes de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, esto es, 30 años. Respecto del desahucio, precisó que, aunque el interesado superó los 30 años en la Administración Pública, este beneficio se otorga como máximo por veinticuatro mensualidades, según el artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. En consecuencia, el dictamen desestimó la petición.