Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de un exfuncionario del antiguo Servicio de Correos y Telégrafos, quien pidió que sus beneficios previsionales se calcularan considerando treinta y tres años de servicio. El organismo ratificó sus dictámenes anteriores, señalando que la pensión de jubilación se otorgó con treinta años, el máximo permitido por el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930, y que el desahucio alcanzó el límite legal de veinticuatro mensualidades según el artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. Al ser la legislación la que fija estos topes, se desestimaron nuevamente las alegaciones del interesado.