Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de desahucio formulada por un funcionario que trabajó en la Administración del Estado entre 1986 y 2018. El órgano concluyó que el derecho al desahucio del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, por el período inicial de servicios, prescribió en el plazo de cinco años desde la cesación del empleo, sin que se hubiera impetrado. Respecto del período posterior, determinó que, al reincorporarse al Servicio de Salud Metropolitano Occidente con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 18.834, que derogó esas normas sobre desahucio, no le asistía el derecho a efectuar aportes para el Fondo de Seguro Social. En consecuencia, resolvió que solo procede la restitución de las cotizaciones indebidamente descontadas entre 1990 y 2018, previa entrega de una relación detallada de los descuentos por parte del ex empleador.