Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la devolución de los aportes al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, regulado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. Concluyó que, por regla general, esa devolución está sujeta al plazo de prescripción extintiva del artículo 2.515 del Código Civil, contado desde el cese de servicios. Sin embargo, reconoció una excepción: cuando la deducción se debió a una manifiesta equivocación de la autoridad que indujo al afectado a creer que tenía un derecho inexistente, procede el resarcimiento sin aplicar dicho plazo. Fundó este criterio en que un error de la Administración no puede perjudicar al funcionario de buena fe, y en que lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa del servicio, ya que los aportes se descuentan directamente de las remuneraciones sin contribución del empleador.