Resumen
Una extécnica de un hospital dependiente de un servicio de salud solicitó a la Contraloría General de la República el pago del desahucio contemplado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, invocando el tiempo trabajado en el establecimiento entre 1983 y 2012. El organismo concluyó que por su desempeño hasta mediados de 1995 tuvo derecho a ese beneficio, pero no lo impetró y transcurrió el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 382 de dicho cuerpo legal. Respecto del período posterior, señaló que al reincorporarse al servicio en 2005, después de la entrada en vigencia de la ley N° 18.834, que derogó las normas sobre desahucio, no le asistió el derecho a efectuar aportes para el Fondo de Seguro Social. Por ello, solo procede la restitución de las cantidades cotizadas indebidamente entre 2005 y 2012, si así hubiere ocurrido, una vez que se acompañe una relación detallada, mes a mes, de los descuentos efectuados por tal concepto, emitida por el exempleador.