Resumen
La Contraloría General de la República conoció la solicitud de un ex funcionario de la Tesorería General de la República, quien pidió el pago del desahucio por los servicios prestados entre los años 1976 y 1978 y, en subsidio, la devolución de las imposiciones enteradas. El organismo recordó que el interesado tuvo derecho a ese beneficio al cesar en sus funciones en 1978, pero que su cobro debía exigirse dentro de los cinco años siguientes, plazo que se encontraba vencido conforme al artículo 382 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, de modo que el derecho a reclamarlo prescribió. Respecto de la devolución de las cotizaciones, señaló que éstas se incorporan a un fondo común que financia el desahucio fiscal, por lo que no es posible su retiro, criterio ya sostenido en un dictamen anterior de 2009. En consecuencia, la Contraloría desestimó la petición del solicitante.