El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el marco de una gestión pendiente, contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluía de las penas sustitutivas a las condenas privativas de libertad en ciertos casos. La parte impugnante sostuvo que esa restricción era desproporcionada e inequitativa y vulneraba el principio de proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo, reconocidos en el artículo 19, numerales 2° y 3°, de la Constitución. Según lo resuelto, el tribunal rechazó finalmente el requerimiento: aunque reconoció que la privación de libertad debe reservarse para las conductas más graves, concluyó que en el caso concreto el requirente no cumplía los requisitos de los artículos 4°, 8°, 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216 para la sustitución de la pena, por lo que la inaplicabilidad no procedía. Un ministro concurrió en el rechazo de la impugnación, considerando que la norma no resultaría aplicable según la prognosis de pena del caso.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadIgualdad Ante La LeyPrincipio De TipicidadDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDelitos Contra Las Libertades Fundamentales
Preguntas frecuentes
¿Puede el juez rechazar la sustitución de una pena privativa de libertad por penas sustitutivas cuando el condenado no cumple los requisitos legales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el requirente no cumplía los requisitos de los artículos 4°, 8°, 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216 para la sustitución de la pena. Por ello, la restricción impugnada no fue declarada inaplicable.
¿Cuál es el criterio del Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad de las penas privativas de libertad en las leyes de penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció que la privación de libertad debe reservarse para las conductas más graves. Sin embargo, concluyó que en el caso concreto no se configuraba la vulneración alegada, y un ministro concurrió en el rechazo por considerar que la norma no resultaba aplicable según la prognosis de pena.
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