Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una ex funcionaria municipal que se reincorporó al sector público el 1 de junio de 1991 y pretendía que se le otorgara desahucio. El organismo concluyó que no procedía acoger la petición, porque al tiempo de su reincorporación el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, que contemplaba ese beneficio, ya estaba derogado, y la trabajadora dejó de estar afecta a sus normas al pasar al régimen del Código del Trabajo. Se confirmó la improcedencia del desahucio, pero se reconoció su derecho a la restitución de las sumas cotizadas indebidamente para ese efecto, previo informe del servicio empleador, rectificando el período de la certificación al lapso comprendido entre el 1 de junio de 1991 y el 30 de junio de 2009.