Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 50, de 2016, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, por estimar que la medida disciplinaria no era proporcional a las infracciones comprobadas en el sumario. Según la vista fiscal, el funcionario firmó y autorizó cheques al portador para pagar alojamientos que no se verificaron, presentó un documento adulterado y recibos presuntamente falsos para justificar gastos, e incumplió un informe de auditoría sobre esa modalidad de pago. El órgano contralor concluyó que su conducta fue negligente e inexcusable y vulneró obligaciones estatutarias y el principio de probidad administrativa, conforme a las letras b), c) y g) del artículo 61 de la ley N° 18.834 y al artículo 52 de la ley N° 18.575. Por ello, pidió a la jefatura una nueva ponderación de los antecedentes y la determinación de una medida disciplinaria proporcional.