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La Contraloría General de la República representó la resolución N° 93, de 2011, de la D…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución N° 93, de 2011, de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, que aplicó la medida disciplinaria de censura a un funcionario encargado de inventario de un centro de detención preventiva. El órgano concluyó que el funcionario se apropió indebidamente de una cámara fotográfica institucional, llevándola a su domicilio particular, y que la especie fue devuelta al servicio únicamente por su cónyuge. Estimó que esta conducta constituye una falta grave al principio de probidad administrativa, en los términos del artículo 62, N° 3, de la ley N° 18.575, y que, por tratarse de una infracción para la cual el artículo 125, inciso segundo, de la ley N° 18.834 asigna la destitución, la autoridad debía aplicar esa sanción y no una medida correctiva. Además, señaló que la autoridad no puede ponderar circunstancias atenuantes para variar la sanción legal. Por último, indicó que no consta la denuncia al Ministerio Público exigida por los artículos 61, letra k), de la ley N° 18.834 y 175, letra b), del Código Procesal Penal, y ordenó subsanar esa omisión a la brevedad.

Normas citadas

  • ley 18575 art/62 num/3
  • ley 18834 art/125 inc/2
  • ley 18834 art/61 lt/k
  • CPR art/175 lt/b
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede aplicarse la censura por apropiación indebida de bienes institucionales en la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría sostuvo que llevarse a casa una cámara institucional constituye falta grave a la probidad y que, por estar asignada la destitución por ley, la autoridad debía aplicar esa sanción y no la censura.

¿Puede la autoridad rebajar la sanción de destitución considerando atenuantes?

No. En este caso, la Contraloría indicó que la autoridad no puede ponderar circunstancias atenuantes para variar una sanción legal fijada expresamente para la infracción.

¿Debe un funcionario público denunciar al Ministerio Público los hechos que pueden constituir delito?

Sí. En este caso, la Contraloría constató que no consta la denuncia exigida por la ley 18.834 y el Código Procesal Penal, y ordenó subsanar esa omisión a la brevedad.

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