Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de tramitar la resolución N° 1.769, de 2011, de Gendarmería de Chile, que aplicaba la destitución de un ex funcionario y una multa equivalente al veinte por ciento de la remuneración mensual de otro, tras un sumario administrativo. El organismo fiscalizador concluyó que el acto no se ajustaba a derecho porque, conforme al artículo 140 de la ley N° 18.834 y su jurisprudencia, la medida correctiva debe hacerse efectiva mediante resolución de la jefatura regional de la que depende el establecimiento donde se desempeña el servidor al concluir el procedimiento. Como el afectado con la multa pertenecía al C.P.A.H., dependiente de la Dirección Regional de Tarapacá, correspondía a esa jefatura regional disponer la sanción, mientras que la destitución debía ser resuelta por el Director Nacional. En consecuencia, el documento fue devuelto sin tramitar para que se subsanara la objeción formulada.