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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Servicio Médico Legal p…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Servicio Médico Legal puede acordar con personas contratadas a honorarios, que además son funcionarios de esa institución, beneficios semejantes a los de los funcionarios públicos. El dictamen concluye que estos prestadores, cuando se desempeñan bajo un contrato a honorarios en los supuestos que autoriza la ley de presupuestos, se encontrarían cubiertos por el seguro de la ley N° 16.744 como trabajadores independientes, conforme al artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al decreto N° 67, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Respecto de quienes no estén acogidos a ese sistema, por la excepción del artículo tercero transitorio de la ley N° 21.133, se estima que nada impide incorporar en sus contratos una cláusula que les permita acceder al seguro, ya que ello no vulnera la jurisprudencia administrativa que admite otorgar a quienes trabajan a honorarios beneficios semejantes a los de los funcionarios públicos.

Normas citadas

  • ley 15076 art/1
  • ley 20314 par/10/03/01/21 glo/02 lt/d
  • dl 3500/80 art/90 inc/1
  • dl 3500/80 tit/III
  • ley 18834 art/111
  • ley 16744 art/2 lt/d
  • ley 20255 art/88
  • dl 824/74 art/42 num/2
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Preguntas frecuentes

¿Puede una institución pública otorgar a personas contratadas a honorarios beneficios semejantes a los de los funcionarios públicos?

La Contraloría sostiene que no vulnera la jurisprudencia administrativa incorporar en los contratos a honorarios beneficios semejantes a los de los funcionarios públicos, como el acceso al seguro de la ley N° 16.744. Lo resuelve para el caso del Servicio Médico Legal.

¿Qué normas sirven de base para considerar cubiertos por el seguro laboral a los trabajadores a honorarios del sector público?

En este caso, el dictamen se apoya en el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el decreto N° 67, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. También considera la excepción del artículo tercero transitorio de la ley N° 21.133.

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