Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la presentación de una funcionaria a contrata de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que impugnó su desvinculación. El órgano concluyó que no procedía aplicar a su caso el criterio del dictamen N° 22.766, porque no reclamó antes de la fecha de emisión de ese pronunciamiento y no había sido objeto de dos prórrogas anuales de su contrata. Sobre el plazo de treinta días del artículo 10 de la ley N° 18.834, precisó que ese lapso rige para determinar la prórroga y no para informar el cese, que en este caso operó al vencer el plazo pactado, por lo que no existía obligación de notificación. Además, señaló que las directrices del oficio circular N° 35, de 2014, del Ministerio de Hacienda, no son vinculantes para el jefe de servicio. Finalmente, descartó conductas discriminatorias o de hostigamiento, pues no hubo denuncias formales y la interesada no aportó antecedentes que acreditaran sus afirmaciones.