Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la denegación, por parte del C.M.M., de una patente de alcoholes. El peticionario cuestionaba que el informe de Carabineros de Chile, que sirvió de base al concejo, aludiera a multas cursadas a otro contribuyente. El organismo concluyó que ese antecedente no fue el único considerado, pues las actas también ponderaron la seguridad ciudadana y la salud pública, vinculadas a las funciones municipales. Calificar esas circunstancias es una cuestión de mérito o conveniencia de la Administración activa, ajena a su competencia fiscalizadora. Sin embargo, constató que el acuerdo del concejo no fue ejecutado mediante decreto alcaldicio, como exige el artículo 3° de la ley N° 19.880 para decisiones de órganos pluripersonales. Por ello ordenó a la municipalidad dictar un decreto debidamente motivado y informar en 30 días hábiles.