Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el desahucio reglamentario de un ex empleado de la Municipalidad de Santiago que fue traspasado a la Municipalidad de Recoleta. El órgano contralor tomó razón de un acto administrativo que fijó el beneficio en $3.075.480 por 18 años de servicios, conforme a la ley N° 11.219, por ajustarse a derecho. Luego concluyó que el trabajador, al momento del traspaso, estaba afecto al régimen de la ex Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago y cumplía los requisitos para el desahucio previsto en el artículo 47 del decreto N° 770, de 1948. Conforme al inciso sexto del artículo 2° de la ley N° 18.294, el beneficio se conserva en el monto de la fecha del traspaso y se paga al cesar en la nueva municipalidad, reajustado según las remuneraciones del sector público. En consecuencia, ordenó al Instituto de Previsión Social calcular el monto y pagarlo a la brevedad.