La Corte Suprema conoció un recurso de queja interpuesto por el Servicio de Impuestos I…
Sentencia · Corte Suprema · 2019
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de queja interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado una reclamación de ilegalidad del mismo servicio contra una decisión del Consejo para la Transparencia que acogió un amparo de acceso a la información. Lo pedido eran datos de transacciones de bienes raíces informados mediante el Formulario N° 2890 por los C.B.R., como fojas, número, año, comuna, precio de venta y fecha de transferencia. El servicio alegaba que correspondía aplicar la reserva tributaria y la protección de la vida privada, mientras que los recurridos sostenían que la información era pública. En su voto particular, la ministra disidente concluyó que no hubo falta o abuso grave, por cuanto los datos son públicos por naturaleza, los otorgantes consienten su registro en un repositorio esencialmente público y éste fue financiado con fondos públicos, por lo que rechazó el recurso de queja.
Normas citadas
Art. 35 Código Tributario
Art. 35 Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública
SIIjurisprudencia judicial tributariaFavorable al SII
Preguntas frecuentes
¿Puede el Servicio de Impuestos Internos negarse a entregar datos de transacciones inmobiliarias alegando reserva tributaria y protección de la vida privada?
En este caso, el servicio alegó que correspondía aplicar la reserva tributaria y la protección de la vida privada, mientras que el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones sostuvieron que la información era pública. La ministra disidente concluyó que no hubo falta o abuso grave y rechazó el recurso de queja.
¿Cuándo procede el recurso de queja contra ministros de una Corte de Apelaciones que rechazaron una reclamación de ilegalidad en materia de transparencia?
En este caso, el recurso de queja fue interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que habían rechazado su reclamación de ilegalidad. Según el voto particular de la ministra disidente, no hubo falta o abuso grave que justificara acoger la queja.
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