Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado por una funcionaria contratada cuyo cese anticipado de funciones se dispuso mediante resolución de 2011. El organismo concluyó que los empleados a contrata carecen de la propiedad del cargo, por lo que el término anticipado de su designación se ajustó a derecho, y tomó razón de la resolución. Precisó que la licencia médica no otorga inamovilidad, que la eventual declaración de salud incompatible es una facultad del jefe superior del Servicio que en este caso no se ejerció, y que, ante la falta de antecedentes que acreditaran la supuesta retención de remuneraciones, se abstuvo de pronunciarse sobre ese punto. Por estas razones desestimó los reclamos deducidos.