Una funcionaria a contrata del Instituto de Previsión Social, asimilada al grado 14 de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
Una funcionaria a contrata del Instituto de Previsión Social, asimilada al grado 14 de la E.U.S., reclamó ante la Contraloría General de la República el término anticipado de su contratación, por considerar que carecía de fundamento. El organismo constató que su designación se hizo bajo la fórmula "hasta cuando sus servicios sean necesarios" y que la autoridad fundó la medida en que dichos servicios ya no eran requeridos. Conforme a su jurisprudencia reiterada, esa causa constituye fundamento suficiente para poner fin a la designación, por lo que tomó razón de la resolución de término por ajustarse a derecho. Respecto de la supuesta sanción por hechos no probados, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por falta de antecedentes que acreditaran la denuncia, y desestimó los reclamos.
Normas citadas
Resolución N° 82, de 2011
Resolución N° 552, de 2011
Resolución N° 552
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Administración poner término anticipado a una contrata en el sector público si los servicios ya no son necesarios?
En este caso, la Contraloría sostuvo que cuando la designación se hizo bajo la fórmula "hasta cuando sus servicios sean necesarios", la causal de que dichos servicios ya no son requeridos basta para poner fin a la contrata, por lo que tomó razón de la resolución de término.
¿Qué debe hacer la Contraloría cuando un funcionario alega una sanción encubierta que no está probada en el expediente?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre la supuesta sanción por falta de antecedentes que acreditaran la denuncia, y desestimó ese reclamo.
¿Cómo se resuelve un reclamo contra el término de una contrata en el Instituto de Previsión Social ante la Contraloría?
En este caso, la Contraloría desestimó el reclamo de una funcionaria a contrata del Instituto de Previsión Social, porque la causa de término estaba fundada en que sus servicios ya no eran requeridos, según la jurisprudencia reiterada del organismo.
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