Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación de un funcionario que pedía que la autoridad de su servicio instruyera un proceso sumarial para investigar un supuesto acoso laboral y otras irregularidades denunciadas. El organismo determinó no acceder, por ahora, a esa parte de la petición, por no haberse aportado elementos que ameritaran recurrir a su intervención en esta oportunidad. Sobre la protección del artículo 90 A del Estatuto Administrativo, concluyó que, atendido el tenor de las denuncias, el funcionario se encuentra amparado por dicha preceptiva, que lo resguarda de suspensión, destitución o precalificación anual cuando el denunciado es su superior jerárquico. En consecuencia, dispuso que la autoridad debe ponderar la iniciación de una investigación por el supuesto acoso laboral y ordenar un procedimiento disciplinario por las demás irregularidades, dejando constancia de que el funcionario está protegido por esas garantías.