Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funcionario municipal que sostenía que la instrucción de un sumario administrativo en su contra, junto con la destinación que recibió durante su tramitación, constituían acoso laboral, y que además existían irregularidades en el procedimiento y falta de imparcialidad del fiscal. El órgano rechazó la reclamación en cuanto a la instrucción del sumario, por considerar que es una facultad legal de la autoridad comunal sin ilegalidad ni arbitrariedad, y que no constituye acoso laboral. Respecto de las irregularidades del procedimiento, señaló que los sumarios son procesos reglados por los artículos 126 y siguientes de la Ley N° 18.883 y que el organismo no puede emitir opinión anticipada sobre sumarios en curso. Indicó que, de aplicarse una sanción, el funcionario podrá interponer el recurso de reclamación del artículo 156 de dicha ley. Finalmente, remitió dictámenes previos relacionados con la imparcialidad del fiscal y la destinación del reclamante.