Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una ex funcionaria contratada de la Defensoría Penal Pública, quien invocó la protección del artículo 90 A, letra c), de la ley N° 18.834. El organismo concluyó que el concepto de superior jerárquico contenido en esa norma debe entenderse en sentido amplio, por lo que la recurrente tenía derecho a la medida protectora, al ser el Defensor Regional de Aysén su superior al momento de formular la denuncia. En consecuencia, se ordenó dejar sin efecto su calificación del período 2009-2010, debiendo regir la inmediatamente anterior. En cambio, desestimó su reclamo sobre la propiedad del cargo, por tratarse de un servidor a contrata, y rechazó el pago de remuneraciones posteriores al término de su contrato. Asimismo, dispuso instruir un sumario para determinar si el Defensor participó indebidamente en decisiones que lo inhabilitaban por falta de imparcialidad.