La Contraloría General de la República se pronunció sobre la petición de un funcionario…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la petición de un funcionario público que cuestionó su traslado de destinación. El recurrente alegaba irregularidades en la notificación, falta de respuesta formal a su solicitud de entrevista para revertir la medida, que la destinación constituía una sanción encubierta, y la existencia de responsabilidades administrativas de un director regional. El organismo rechazó la alegación sobre la notificación, por estimar que la modalidad y la anticipación con que se le comunicó se ajustaron a derecho, superando el mínimo de treinta días del artículo 74 de la ley N° 18.834. Respecto de la falta de respuesta, recordó que el derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución obliga a responder por escrito dentro de un plazo prudencial, y advirtió a la institución que debe ajustarse a ello en lo sucesivo. Desestimó la alegación de sanción por carecer de antecedentes que la respaldaran, y no acogió la solicitud de instruir un sumario administrativo por no existir elementos concretos que lo ameritaran.
Normas citadas
ley 18834 art/90A
ley 19880 art/47
ley 18834 art/61 lt/k
ley 18834 art/90B
ley 18834 art/74
pol art/19 num/14
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un traslado de destinación de un funcionario público puede notificarse con poca anticipación y ser impugnado por eso?
En este caso, la Contraloría General de la República estimó que la modalidad y la anticipación con que se comunicó el traslado se ajustaron a derecho, pues superaron el mínimo de treinta días del artículo 74 de la ley N° 18.834. Por eso rechazó la alegación sobre irregularidades en la notificación.
¿Está obligada la Administración a responder por escrito una solicitud de entrevista o de reconsideración de un funcionario?
En este caso, el organismo recordó que el derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución obliga a responder por escrito dentro de un plazo prudencial. Advirtió a la institución que debe ajustarse a ello en lo sucesivo, al constatar la falta de respuesta formal.
¿Cuándo un traslado de destinación puede considerarse una sanción encubierta y qué debe hacer el funcionario para que se investigue?
En este caso, la Contraloría desestimó la alegación de que el traslado era una sanción encubierta, por carecer de antecedentes que la respaldaran. Tampoco acogió la solicitud de instruir un sumario administrativo, por no existir elementos concretos que lo ameritaran.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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