Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que la sociedad requirente cuestionaba la aplicación, en una gestión judicial pendiente, de los artículos 1º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.046 y 2064 del Código Civil, así como de los artículos 23 y 24 del Decreto Ley Nº 3063. La requirente había sido gravada con patente municipal por desarrollar actividades lucrativas previstas en la Ley de Rentas Municipales, y no por su calidad de sociedad anónima. El Tribunal rechazó la impugnación de los preceptos del Código Civil y de la Ley Nº 18.046, por no resultar de aplicación decisiva, y señaló que el conflicto era de mera legalidad, cuya resolución corresponde a los tribunales ordinarios, además de que la acción no podía extenderse a normas no impugnadas. La sentencia acogió parcialmente el requerimiento y, en su parte final, concluyó que la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley Nº 17.798 en la gestión pendiente no resulta contraria a la Constitución, por lo que se desestimó también esa impugnación, con un voto que previno en el mismo sentido.