Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 383, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que afinaba un sumario administrativo y aplicaba medidas disciplinarias a varios funcionarios. El organismo se abstuvo de darle curso por no ajustarse a derecho: no consta que la resolución interna que dispone las sanciones haya sido notificada a una de las ex funcionarias sancionadas, como exigen los artículos 131 y 140 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. A diferencia de otro funcionario, que sí recurrió de esa resolución, no existe una gestión posterior de la ex servidora que permita tenerla por notificada tácitamente conforme al artículo 47 de la Ley N° 19.880. Por ello se vulneró su derecho a defensa frente a las imputaciones en su contra.