Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución Nº 19, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que sancionaba a un funcionario al término de una investigación sumaria. El organismo constató que no existía constancia de que se hubiera notificado al funcionario la resolución exenta Nº 5.886, de 2012, que determinaba la medida disciplinaria, conforme al artículo 126 de la ley Nº 18.834, ni que el afectado hubiera realizado gestiones que permitieran tenerlo por notificado tácitamente según el artículo 47 de la ley Nº 19.880. Por ello, se afectó su derecho a defensa, pues no pudo interponer los recursos legales pertinentes. El dictamen recuerda que el acto que impone la sanción solo puede dictarse una vez resueltos los recursos procedentes o vencidos los plazos para interponerlos. En consecuencia, la Contraloría representó la resolución por no ajustarse a derecho.