Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 87, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a un funcionario, debido a que la notificación de la resolución exenta que determinó la sanción no se ajustó a derecho. Se constató que, si bien se certificaron las búsquedas del funcionario para notificarlo personalmente, no se consignó la fecha en que se efectuaron, lo que impide verificar si fueron realizadas en días consecutivos, como exige el artículo 131 de la ley N° 18.834. Además, no se acreditó una notificación tácita posterior, vulnerando el derecho a defensa del afectado. Por ello, se representó el acto para que se subsane la observación.