Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 466, de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a una ex funcionaria. El organismo constató que la fiscal instructora no citó a declarar a la afectada, conforme al artículo 131 de la ley N° 18.834, lo que le impidió entregar su versión de los hechos y fijar domicilio para notificaciones, según el artículo 132 del mismo texto. Se citó jurisprudencia propia que considera esencial la declaración del inculpado para el derecho a defensa. Además, la sanción fue notificada a un domicilio en Valdivia, pese a que el servicio había sido informado de que la afectada laboraba en el Instituto de Salud Pública de Chile, y no se realizaron las diligencias para averiguar su domicilio real.