Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 11, de 2016, de la Superintendencia de Educación, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a un exfuncionario del organismo. El motivo fue que la resolución exenta que determinaba la sanción no fue comunicada conforme al artículo 131 de la ley N° 18.834, que exige notificación personal y, de no encontrarse al servidor por dos días consecutivos, notificación por carta certificada dejando constancia en el expediente. Además, la carpeta no mostraba actuaciones posteriores del afectado que permitieran tenerlo por notificado tácitamente según el artículo 47 de la ley N° 19.880. Por ello, se vulneró su derecho a defensa, criterio que la Contraloría ya había sostenido en dictámenes anteriores. En consecuencia, representó la resolución y pidió a la autoridad adoptar las medidas para subsanar la observación.