Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 312, de 2012, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aplicaba sanciones disciplinarias a varias personas. El organismo constató que una de las funcionarias sancionadas había cesado en el servicio y se encontraba prestando funciones en otra institución pública, por lo que, de acuerdo con su jurisprudencia, correspondía que la autoridad que ordenó el proceso determinara la medida disciplinaria y que la institución donde actualmente cumple labores dictara el acto que la materializara, sin modificar lo resuelto por la repartición donde se cometió la falta. Además, la Contraloría observó que la resolución exenta N° 2.744, de 2012, no había sido notificada a tres de los servidores afectados en la forma que exige el artículo 131 de la ley N° 18.834, pues no constaban las búsquedas previas a las cartas certificadas, ni existían actuaciones posteriores que permitieran tenerlos por notificados tácitamente conforme al artículo 47 de la ley N° 19.880.