Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la Resolución N° 1.069, de 2011, de la Dirección Nacional de Vialidad, que ponía término a los contratos de tres trabajadores regidos por el Código del Trabajo y aplicaba la sanción de censura a dos funcionarios regidos por la ley N° 18.834, al término de un sumario administrativo. El organismo constató que, conforme a los artículos 129 y 140 de la ley N° 18.834 y a su dictamen N° 27.186, de 2000, la facultad para aplicar sanciones no expulsivas corresponde al Director Regional respectivo y no al Director Nacional, por lo que la medida disciplinaria de censura fue dictada por una autoridad incompetente. En consecuencia, la Contraloría representó la resolución examinada por no ajustarse a derecho.