Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 209, de 2010, de la Defensoría Penal Pública, que aplicaba medidas disciplinarias a funcionarios por no ajustarse a derecho. El organismo constató que la notificación de la resolución que impuso a un funcionario la suspensión del empleo por tres meses, con goce del 50% de su remuneración, no cumplió con el artículo 131 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, pues solo se envió carta certificada al domicilio del sumariado sin acreditar las búsquedas que exige esa norma. Tampoco se advirtió una actuación del servidor que permitiera tenerlo por notificado tácitamente conforme al artículo 47 de la ley N° 19.880. Por ello, la Contraloría concluyó que se afectó el derecho a defensa del inculpado, criterio coincidente con un dictamen anterior del mismo órgano.