El Tribunal Constitucional rechazó, por mayoría, un requerimiento de inaplicabilidad po…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó, por mayoría, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra los artículos 22 inciso cuarto y 8° inciso primero de la Ley N° 17.322, que regula el cobro judicial de cotizaciones previsionales. En cuanto al interés penal aumentado, estimó que no resultaba constitucionalmente reprochable en la forma planteada. Respecto de la restricción a la apelación, la Magistratura reconoció que el legislador debe respetar el estándar de un procedimiento racional y justo, que exige que lo resuelto en primera instancia sea, por regla general, revisable por un tribunal superior, y advirtió que la ampliación de la apelación en 2005 no fue acompañada de antecedentes que justificaran limitarla solo a tres resoluciones. Un grupo de ministros estuvo por acoger la inaplicabilidad de la primera parte del artículo 8° inciso primero, para permitir también impugnar la resolución que rechaza la objeción a la liquidación del crédito, pero la mayoría rechazó el requerimiento.
Normas citadas
Ley N° 17.322
Artículo 22 de la Ley N° 17.322
Artículo 8 de la Ley N° 17.322
Ley N° 20.023
Ley N° 17.997
Ley N° 18.010
Ley N° 3.500
Decreto Ley N° 3.500
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la regulación sobre el cobro judicial de cotizaciones previsionales en Chile?
El Tribunal Constitucional rechazó, por mayoría, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley N° 17.322 que regula dicho cobro.
¿Qué criterios estableció el Tribunal Constitucional sobre la restricción a la apelación en procedimientos legales?
La Magistratura reconoció que el legislador debe respetar un procedimiento racional y justo, exigiendo que lo resuelto en primera instancia sea revisable por un tribunal superior.
¿Qué determinó el Tribunal Constitucional respecto al interés penal aumentado en el contexto de la ley analizada?
El Tribunal estimó que el interés penal aumentado no resultaba constitucionalmente reprochable en la forma en que fue planteado.
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