Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación de una funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil destituida mediante resolución exenta N° 294 de 2014. La afectada alegaba que la prueba grafológica usada en su contra provenía de antecedentes reservados de una investigación penal a los que el fiscal del sumario no podía acceder, que no correspondía sancionarla por no haber sido condenada penalmente y que la destitución era desproporcionada. El organismo rechazó las alegaciones: estimó que los antecedentes fueron proporcionados por una empleada que tiene calidad de víctima en el proceso penal, sin infracción. Recordó que la responsabilidad administrativa es independiente de la civil y penal, conforme a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 18.834. Finalmente, señaló que, al haberse vulnerado gravemente el principio de probidad, el artículo 125 de la Ley N° 18.834 impone la destitución como sanción específica, sin posibilidad de aplicar otra. Por ello, se cursó la resolución y se desestimaron las alegaciones.